ESTHER GARCÍA, Madrid
Solo un juez de trapo les podía condenar.” Así dieron comienzo los titiriteros la obra «La Bruja y Don Cristóbal«, que hace un año les costó cinco días en prisión por delito de enaltecimiento del terrorismo, este pasado 5 de febrero. Raúl García y Alfonso Lázaro volvieron a representarla en el Teatro del Barrio, llenaron la sala y celebraron una posterior mesa redonda con sus abogados, el cantante César Strawberry (que también fue condenado por apología del terrorismo) y los raperos de La Insurgencia.
Se sigue ahorcando a un juez de la Audiencia Nazional, apaleando a una monja y exhibiendo la pancarta: Gora Alka-Eta. Pero esto no impidió que las 150 personas que asistieron a la función vitoreasen y aplaudiesen a unos titiriteros que reivindicaban la libertad de expresión.
Hace un año, el PP fue el primero en denunciar a Celia Mayer, concejala de Cultura en la capital, considerándola responsable por no supervisar la obra, y fue secundado por el PSOE. Poco tardó en aparecer Albert Rivera acusándola también de apología del terrorismo en su cuenta de Twitter. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís expresó su preocupación de que se utilizasen fondos públicos para propaganda etarra. Mientras, numerosos representantes de la izquierda, entre ellos Pablo Iglesias y Alberto Garzón protestaron contra su encarcelamiento. Ada Colau publicaba en sus redes sociales: “Una obra satírica y carnavalesca que puede que fuera de mal gusto, que seguro que no era para niños, pero que como máximo ha sido un error de programación.”
La polémica estaba servida. ¿Dónde acaba la libertad de expresión y empieza el enaltecimiento del terrorismo? ¿Qué fue delito hace un año que no fue hace un mes? “Vivimos gobernados por un miedo inducido por quienes tienen el poder: políticos, religiones, policías, medios de comunicación, jueces, fiscales, y amos del capital”, declaran los titiriteros. El Ayuntamiento de Madrid no ha valorado directamente la obra, pero vuelve a posicionarse de la mano de la libertad de expresión y declara que está amparada por los tribunales.
La bruja y el montaje policial
El personaje principal es una bruja que representa a las personas con mala fama, que se revela contra los cuatro poderes de la sociedad. En su lucha contra la Propiedad, ha de enfrentarse a su casero, que intenta violarla. Ella le mata, pero se queda embarazada. Entonces aparece la Religión de la mano de una monja que intenta quitarle el bebé, pero la bruja también la mata. Un policía, que representa la Fuerza del Estado, golpea a la bruja y le coloca el famoso cartel Gora Alka-Eta para hacerle una foto y usarla como prueba. Finalmente la bruja tiene que luchar contra la Ley, ya que un juez la condena a muerte.
Así que una pancarta que simula un montaje policial es suficiente para encarcelar a los responsables de esta obra hace un año. El sindicato CNT de Granada (donde milita unos de los detenidos), explica en un comunicado acerca de la detención que es “Una medida represiva que resulta extremadamente paradójica: es precisamente lo que denuncia la obra”. Dejando a un lado que el público ante el que se exhibiera –niños– no fuese adecuado, una pancarta de “Gora Alka-Eta” no es enaltecimiento del terrorismo, siempre que no se saque de su contexto, como afirma Jaime Montero, abogado de los titiriteros: “Es una obra de ficción, esto implica que lo que dicen los personajes no tiene por qué ser asumido por los actores”. Su defensa también alega que un episodio de Cuéntame que se emitió la semana anterior a la obra también contaba con un cartel de «Gora ETA» y no supuso ningún revuelo. Y aunque la sátira puede no ser un género al gusto de todos, no está prohibida por el momento.
La respuesta de Publico.es
El proceso judicial fue archivado definitivamente el pasado 11 de enero, debido a que el juez de instrucción José María Escribano Lacreriga consideró que no se acredita la supuesta existencia de un delito de incitación al odio. Ante esta situación, el medio Publico.es redactó una publicación en el que representantes de la política madrileña (integrantes de Podemos, Ganemos, concejales, etc.) y vecinos de la Comunidad piden explicaciones a los medios de comunicación y partidos políticos por alimentar la criminalización de los artistas y responsables de la representación, y solicitan que “los medios en los que se publicaron semejantes difamaciones dediquen el mismo espacio de sus publicaciones a difundir el error que cometieron y que los partidos políticos responsables de esos atropellos se desdigan de sus acusaciones y pidan públicamente excusas por ellas”.
También consideran que el Ayuntamiento de Madrid no actuó en consecuencia y piden que se disculpe por la denuncia interpuesta, apoyada en que las condiciones del contrato “nada tenían que ver con el contenido de la obra”. Sin embargo, la compañía Títeres desde Abajo afirma que el Ayuntamiento tenía sobrado conocimiento de que la obra no iba dirigida a un público infantil, es más, una hora antes de la representación la cuenta Carnaval de Madrid publicó en su Facebook que la obra era para adultos.
El comunicado de Público concluye: “Solo así logrará restaurarse el honor y la dignidad de los falsamente incriminados y conseguiremos que no quede impune el desaforado linchamiento político y mediático de unos pretendidos delitos que nunca fueron tales.”
La lucha por la libertad de expresión
Amnistía Internacional, en su informe del 2016/17, también ha mencionado que España ha abusado del delito de enaltecimiento del terrorismo procesando a personas que ejercen libremente su derecho a la libertad de expresión.
Ganemos Madrid ha expresado que archivar el caso supone reconocer que no se estaba juzgando un delito, sino que se trataba de “atacar la libertad de expresión y de creación artística, e infundir el miedo a través del linchamiento público y la vergonzosa judicialización que han sufrido dos personas inocentes”.
Similar son los casos de Cassandra, la tuitera que hizo chistes sobre Carrero Blanco por la que la fiscalía pide dos años y medios de prisión, tres de libertad vigilada y ocho y medio de inhabilitación absoluta, o de Guillermo Zapata, que dimitió de su cargo de concejal por los chistes de humor negro expresados también en twitter. Sin embargo, resulta curioso el énfasis que todo Occidente, incluida España, puso en la defensa de la libertad de expresión ante los atentados de la revista Charlie Hebdo en 2015. Aunque el humor negro, en este caso, se dirigía a la comunidad musulmana.
La libertad de expresión está recogida en el artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, estableciendo unos límites: el honor, la intimidad, la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Cuando se producen casos de incitación al odio, apología de la violencia, injurias o calumnias, la libertad de expresión desaparece y pasa a ser una falta e incluso un delito que se llevará ante un juez, que decidirá si constituye o no una infracción. Por la naturaleza subjetiva y cambiante del asunto, nunca habrá una manera uniforme de juzgar estos casos. En definitiva, la libertad tiene un precio, demasiado alto en algunas ocasiones.
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